Empiezo por el disparate.

No puedo entender que el gobierno negocie con sindicatos y patronal el diseño de las pensiones futuras. Es un disparate conceptual.

Cualquier ciudadano puede entender, el concpeto que subyace a la negociación entre empresarios y sindicatos por las leyes laborales. Los contratos laborales son contratos privados entre empresarios y trabajadores. Es posible entender, aunque se pueda estar en descuerdo, que esa negociación se realice de forma colectiva y que sindicatos y trabajadores presenten al Estado su propuesta de acuerdo. El Estado, es decir todos los españoles, puede asumir ese acuerdo entre patronal y sindicatos y darle forma de ley.

El diseño de las pensiones públicas no tiene nada que ver con un contrato privado entre empresarios y trabajadores. Las pensiones públicas son contratos de los ciudadanos con la sociedad misma, con el Estado. ¿Se arrogan los sindicatos y las asociaciones empresariales la representación de la sociedad y el gobierno el de los ciudadanos o es al revés? ¿Quién representa a quién? ¿Quién me representa a mí y cómo negocia mis intereses? ¿Quién representa a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo? ¿El Estado, los sindicatos o la asociación de empresarios ? Esta negociación es un disparate mayúsculo.

¿Se arrogan los sindicatos la representación de los trabajadores para esta negociación y se preocupan únicamente de las pensiones contributivas? ¿Los empresarios de las pensiones de los autónomos y el Estado de las pensiones no contributivas? ¿Es así como funciona esta negociación? Qué miedo me dan.

La vergüenza

La vergüenza es que los ciudadanos no estemos informados de todos los detalles de un asunto que nos afecta tanto, que no podamos decidir con nuestros votos qué sistema de pensiones queremos diseñar, que los partidos no presenten propuestas concretas sobre las pensiones (por motivos electorales) y que haya una pacto de no agresión entre los partidos para el asunto de las pensiones, porque es una magnífica forma de robar soberanía a los ciudadanos.

En principio,sobre las pensiones no habría nada que negociar, porque todos estaríamos de acuerdo en el mismo principio: “Queremos pensiones infinitas para todos, sin coste alguno para nadie”.

Como ese principio no es posible, tenemos que conocer primero qué coste tiene establecer uno u otro límite. Como seguro que habrá diferente cálculo del coste, los diferentes partidos, el Estado, y diferentes instituciones privadas (entre las que incluyo a los sindicatos) deberían presentarnos sus tesis a los ciudadanos.

Pero como nadie muestra ni un solo número, ni una sola proyección, en esta negociación parece que fijen sus plazos por puro capricho. ¿Dónde están las cifras que avalan una opinión y la otra? ¿Cuánto se incrementaría el déficit del sistema si se acorta en cuatro años el periodo de cotización, cuánto se reduciría si retrasamos dos años el pago de pensiones, qué contrapartidas conlleva una medida y otra? ¿Qué previsión de crecimiento económico tienen para los próximos 20 años, qué número de afiliados a la Seguridad Social, de pensionistas, de parados? ¿Qué cuotas a la Seguridad Social pagaremos dentro de 20 años, qué coste tendrá el sistema sanitario…? El futuro del sistema público de pensiones se puede diseñar como nos dé la gana, pero tendrá que ser coherente con unas previsiones u otras. ¿Seremos ricos o pobres dentro de 20 años? ¿Qué modelo de política económica y laboral diseñamos para ser ricos?

Supongo, por ser generoso, que gobierno, sindicatos y patronal están negociando con este tipo de modelos y proyecciones económicas que sustentan sus preferencias. ¿No consideran que los ciudadanos deberíamos saberlas? ¿No debemos exigirl los ciudadanos que nos las muestren? ¿Como es posible que estén negociando estos asuntos que tanto nos afectan a nuestras espaldas? ¿No deberíamos los ciudadanos levantarnos en armas, salir a la calle, protestar, exigir información y tener la posibilidad de elegir, debatir y decidir el modelo que preferimos?

Si algún asunto requiere movilización ciudadana es éste. Necesitamos transparencia y capacidad de decisión. Es nuestro dinero, como siempre, pero en este caso más si cabe. El diseño de los planes de pensiones públicos condiciona toda la política económica de un país. ¿Vamos a permitir que sean los sindicatos, las asociaciones de empresarios y el gobierno actual quienes condicionen la economía futura de este país?

El diseño de las pensiones públicas requiere de un debate público largo, de por lo menos toda una legislatura, de propuestas concretas en los programas electorales de los diferentes partidos y de decisiones de los votantes.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales son grupos de presión interesados. No pueden negociar directamente con los gobiernos. Que los dirigentes del PSOE de las comunidades autónomas supliquen al gobierno que llegue a un acuerdo con estos grupos de presión sobre las pensiones para acudir con mejores garantías a las próximas elecciones debería ser motivo suficiente para impedirles que se presentaran (al menos, para negarles el voto).

En fin. Vergüenza para todos y disparate mayúsculo. Los grupos de presión existen en todos los ámbitos. Del mismo modo que las víctumas del terrorismo no tienen autoridad para negociar la ley antiterrorista, ni las farmaceúticas para determinar el sistema público de sanidad, ni los autores y creadores la gestión de la propiedad intelectual, sindicatos y empresarios no tiene autoridad ni representación para negociar el diseño de las pensiones en nombre de no se sabe quién.

Vergüenza de sociedad que lo permitimos.

Si este asunto tan grave no moviliza a los ciudadanos, no sé qué nos va a movilizar. Como yo no soy grupo de presión, no sé cómo convocar una movilización para conseguir que se detenga esta negociación entre partes y conseguir capacidad de decisión para todos los ciudadanos.

Del mismo modo que la Ley Sinde ha movilizado a muchos ciudadanos (con motivo) este asunto debería movilizarnos tanto o más.

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