La igualdad ante la ley es un principio básico de una sociedad moderna. La igualdad ante la ley no significa que seamos iguales ni que debamos serlo. Sí significa igualdad de oportunidades. O, al menos, un paso imprescindible para que tengamos igualdad de oportunidades.

La perversidad de la institución monárquica se produce porque formaliza la ruptura de este principio fundamental en la misma jefatura del estado. La monarquía es una institución que, en la misma cúpula del Estado, atenta contra ese principio básico de igualdad ante la ley. Instaura en el mismo vértice los privilegios de unos como herramienta que permite a unos sí y a otros no alcanzar determinados objetivos. Si aceptamos que en un Estado moderno las reglas de juego se basan en la competencia en igualdad de condiciones, con la monarquía el árbitro da trato de favor precisamente a quien menos necesita que lo traten de forma ventajosa. Los herederos de las monarquías tienen todos recursos para educarse y para optar en igualdad de condiciones a cualquier puesto de trabajo.

Vivimos en sociedades en las que los poderosos, tradicionalmente, han establecido barreras y aranceles para preservar sus privilegios. El desarrollo de las sociedades, en los últimos siglos, ha servido para igualar las posibilidades, para eliminar feudos, para reducir los privilegios.

Sin embargo, en la misma jefatura del Estado, en España, avalada por La Constitución, la ley consagra ese privilegio de unos sobre otros. Antes o después los españoles tendremos que acabar con ese trato de favor.

Un disparate conceptual que impulsa a otros a buscar vericuetos, aranceles particulares, privilegios para su casta y gremio. En lugar de dedicar los esfuerzos a mejorar, los dedicamos a protegernos. Si lo hace el Rey, ¿por qué no vamos a hacerlo el resto de ciudadanos?

No se trata de dirimir si el rey Juan Carlos es buen o mal monarca, si la reina de Inglaterra debe mantenerse en el cargo a sus años o de si el monarca alauí utiliza su puesto para enriquecerse o para redistribuir riqueza. No se trata de dirimir si la monarquía es más o menos cara que la república. Eso son banalidades en comparación con la perversión conceptual que significa encaramar en la Jefatura del Estado a una persona por el hecho de haber nacido de una u otra familia.

Una sociedad abierta no puede colocar los privilegios en la cúspide del Estado. La competencia, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, el respeto a las oportunidades de los otros, principios básicos en los que debe sostenerse el entramado legal de cualquier pueblo con aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida, se quiebra en la misma cúpula del Estado.

La monarquía, como institución, es siempre un mal ejemplo para los ciudadanos.

(Escribí este artículo con la intención de publicarlo hoy, aniversario de la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931. La caída del monarca español y la rotura de su cadera no tiene nada que ver con este artículo. Le deseo al Rey de España una recuperación total y felicidad. No tengo nada en contra de Juan Carlos. Él tampoco tiene la culpa de ser el hijo de sus padres. Sea feliz Juan Carlos y póngase bueno.)

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