El arma de los sindicatos, su amenaza, es la huelga general. Los sindicatos, cuyas propuestas no se presentan a las elecciones al parlamento, pretenden oponer su fuerza a la legitimidad de un parlamente votado por sufragio universal. La ley se lo permite. Sus fórmulas de presión son equivalentes a las de cualquier otro grupo de presión, como el de la industria farmacéutica, tan denostada, por poner un ejemplo.

Lo sorprendente es la importancia que dan los partidos en el poder (no son los gobiernos quienes les temen) a la convocatoria de huelga general. En realidad una huelga general no supone ningún quebranto grave para la economía, salvo por la imagen de país revuelto socialmente, imagen que repele la inversión extranjera.

Ahora los sindicatos están en contra del retraso de la edad de jubilación a los 67 años. “En defensa de las pensiones” era el lema de la manifestación. Siempre digo lo mismo. La única defensa posible de las pensiones es que puedan pagarse a largo plazo. Eso supone no destinar a pensiones un dinero que debiera invertirse en bienes de equipo o en investigación y desarrollo, requisitos de inversión que nos permitirán generar recursos para pagar esas pensiones a largo plazo.

Los sindicatos se empeñan (por una vez no es el gobierno) en transformar las pensiones en una cuestión de voluntad. “Si quieres, puedes” parece su lema. Y eso es mentira. Para pagar las pensiones a largo plazo sólo puede haber un lema “si te lo curras y puedes, entonces puedes”.

Cospedal, del PP, ayuda poco en este debate cuando dice que hay otras prioridades como crear empleo. Decir eso es tener ganas de confundir. La edad de 65 años es igual de arbitraria que la de 67 o la de 60 o 70. Por el envejecimiento de la población, la cantidad de años durante los que se cobra pensión y por la salud con la que vivimos no nos queda más remedio que retrasar la edad de jubilación. No hay otras prioridades. Todas ellas son prioridades.

No conozco los cálculos exactos. No sé durante cuánto tiempo se podrán sostener los 67 años antes de incrementar la edad de jubilación hasta los 70 o más. En cualquier caso esa tendencia es inevitable.

Oponerse puede estar cargado de buena voluntad, pero al final va en perjuicio de quien se pretende defender. Si no hacemos un sistema que podamos pagar con los recursos que genera condenamos a sufrir más precisamente a quien más necesitado está. Quien tiene mucho dinero no sufrirá por un colapso del sistema público de pensiones. Son precisamente los más necesitados quienes peor lo pasarían si no tomamos medidas racionales.

El deseo, la voluntad y la negación de la evidencia trae consecuencias nefastas para los más débiles. En esta crisis lo hemos visto con claridad. Sólo falta fijarse un poco para aprender de los errores e intentar no repetirlos.

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