En numerosas ocasiones mantengo conversaciones con conductores, sobre la difícil relación entre coches y bicicletas. Es un tema que sale a relucir muy a menudo, y se debe en parte, al gran incremento de bicicletas por la vía pública durante los últimos años.

Soy ciclista (modalidad de carretera) y también conduzco coches. Conozco bien los dos puntos de vista, pues al cabo del año paso una buena cantidad de horas detrás del manillar y del volante (es lo que tiene probar coches), y ya son muchos años haciendo ambas cosas.

Aunque me gustan los dos campos, no soy un defensor a ultranza de determinados miembros de ambos colectivos. Al contrario, me opongo a las concentraciones multitudinarias que reivindican el uso de la bici (las conozco porque he asistido a alguna por pura curiosidad), a los que circulan a toda velocidad por las aceras y, en general al uso irresponsable. Tampoco defiendo a quienes circulan en pelotón. Cuando estoy en alguno de ellos, que no es muy a menudo (en mi grupo de ciclismo intentamos no juntarnos con grupetas muy nutridas porque conocemos sus inconvenientes) suelo tomar la fila más de la derecha, que normalmente transita por el arcén (de haberlo). Tampoco defiendo a los conductores, sobre todo a aquellos que, de entrada, muestran una actitud hostil con los ciclistas y los critican sin hacerse cargo de que su conducta al volante no es precisamente ejemplar.

A estas alturas, ya sé casi todo lo que deparan estas conversaciones de coches vs. ciclistas. Antes o después, siempre aparece el comentario «Si yo pago por usar la vía con mi coche, que los ciclistas paguen, que también la usan». Quien dice esto, posiblemente lo hace con la intención de molestar; o porque cree que sería una forma de limitar el número de bicis en la carretera. Es posible que se equivoquen.

De hecho, estoy muy de acuerdo con que los ciclistas paguemos. Ahora bien, es difícil regular este extremo, pues no tiene sentido que todo ciclista pague, sino solo los que realmente salimos a la carretera o circulamos por las calles de la ciudad habitualmente (no sería justo que pagara el niño de 12 años que va por el parque o aquél ciclista que recorre unos pocos metros por carretera para llegar a un sitio libre de tráfico para practicar deporte).

Ahora bien. ¿Cuánto habría que pagar?. Es muy difícil aplicar un criterio. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, grava la potencia fiscal del vehículo, el número de plazas, la capacidad de carga y la cilindrada. En Madrid, un coche utilitario paga un impuesto de circulación de 20 euros. Una moto de menos de 125 cm3 (cuya potencia es variable, pero pongamos que de media tiene 12 caballos, que son 8830 W), paga 7 euros. Un ciclista medio puede desarrollar una potencia más o menos constante de unos 250 W (que no está nada mal), su montura pesa entorno a los 15 kg (tirando por lo alto) y el conjunto bici-ciclista normalmente estará por debajo de los 100 kg.

Teniendo en cuenta lo anterior y, desde un punto de vista proporcional, el ciclista debería pagar una parte de lo que paga el ciclomotor, seguramente menos de la mitad. Otra cosa que se suele reclamar, es un seguro de daños a terceros. Pues bien, si no tenemos en cuenta que muchos seguros de hogar cubren accidentes en bici y que algunos ciclistas están cubiertos por su respectiva licencia federativa, hacerse un seguro de bici en Madrid cuesta en torno a 25 euros anuales.

Una vez pagado el impuesto de vehículos de tracción mecánica (aunque la bici no es tal) y el seguro (el impuesto de matriculación debería ser gratis), los ciclistas entraríamos «en pleno derecho» a usar las públicas. Ya no valen excusas; seríamos usuario más (que paga), con los mismos derechos y obligaciones que los coches. No es que ahora no tengamos obligaciones y derechos, pero nos sentimos en la carretera como de prestado.

Una vez pagados los impuestos, el colectivo ciclista presionaría más de lo que lo hace ahora. Presionaría por unas infraestructuras apropiadas y seguras para el uso de la bici, presionaría por la proliferación de carriles bici de forma masiva y por la proliferación de carreteras con arcenes practicables (limpios de suciedad y sin obstáculos). Sin olvidar que, quizá, se deberían plantear normas específicas de velocidad o de prioridad, en aquellas zonas donde el ciclista es más vulnerable (por ejemplo, en los carriles de aceleración o deceleración). Hay más puntos que habría que tener en cuenta, pero esos pueden valer para hacerse una idea de la magnitud de los cambios. Claro, y también, hay que exigir a los ciclistas el cumplimiento de las normas que correspondan: llevar luces, prendas con elementos reflectantes, casco  …, lo que haga falta.

Si al menos se llevaran a cabo una décima parte de los cambios en las infraestructuras señalados ahí arriba, la mayor parte de los que habitualmente salimos a la carretera con la bici estaríamos encantados de pagar; y a muchos, la cantidad sugerida párrafos más arriba, nos parecería baja en relación a las ventajas.

Enrique Calle

Share This