ENLETS es la indescifrable sigla tras la que se oculta la European Network of Law Enforcement Technology Services; es decir, la Red Europea de Servicios Tecnológicos para el Mantenimiento de la Ley. El concepto de “Servicios Tecnológicos” es lo bastante amplio como para que bajo su manto se puedan incluir sistemas, dispositivos y aparatos que ni se le ocurrirían al más imaginativo guionista de películas de ciencia-ficción futurista. Pero de vez en cuando se filtra algún atisbo de sus actividades; y esto es precisamente lo que acaba de conseguir Statewatch, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1991 y dedicada a la vigilancia y defensa de las libertades y derechos civiles, legislación, administración de justicia, privacidad de datos personales, gestión presupuestaria, derecho de asilo político, transparencia y antiterrorismo, entre otras materias. En ella participan abogados, académicos, periodistas, investigadores y activistas cívico-comunitarios de 18 países europeos.

Y muy en su papel de control de las actividades de los poderes públicos, Statewatch intenta dar respuesta a una de tantas “preguntas del millón”, como es la clásica de “¿quién vigila al vigilante?”. Pregunta que ya se pronunció por primera vez (creo) en tiempos del Imperio Romano respecto al control de la Guardia Pretoriana, único cuerpo armado autorizado dentro de los confines de la capital del Imperio. Y uno de sus hallazgos ha sido un proyecto relacionado con el tema que constituye, fundamental aunque no exclusivamente, el núcleo de lo que se trata en este portal, y en este blog: el uso de los medios de locomoción privados (básicamente, el automóvil). Proyecto que, como tantos otros que se nos quieren vender como beneficiosos para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía –y en ocasiones lo son-, no deja de tener un cierto tufillo que emana de la figura del “Gran Hermano” que controlaba hasta el más mínimo detalle de la vida de los ciudadanos en “1984”, el inquietante relato de George Orwell.

El proyecto de ENLETS que Statewatch ha sacado a la luz pública consiste, muy esquemáticamente, en que cualquier vehículo podría ser detenido en cualquier momento por medio de una señal de radio que cortaría el suministro de combustible al motor. Señal que sería emitida desde un centro de control que, a nivel nacional, tendría el poder omnímodo de fiscalizar la capacidad de desplazamiento de cualquier vehículo a motor –se supone que dentro del entorno del propio país-, simplemente conociendo su matrícula. La única justificación dada hasta el momento para tan radical competencia –aunque podría haber otras- es que con ello se evitarían las actuales y peligrosas (para protagonistas y terceros) persecuciones de la policía a delincuentes que se dan a la fuga. Justificación que podría ampliarse a vehículos de los que se sospecha, con mayor o menor fundamento, que van a ser empleados para una inmediata acción delictiva.

No hay duda de que esta motivación tiene un peso indudable, tanto por los riesgos que evita como por eliminar la posible impunidad de algunos delincuentes que consiguiesen eludir la persecución. Incluso serviría para hacer redundantes e inútiles las actuales barreras con pinchos para los neumáticos, cuya acción también puede producir indeseados efectos colaterales. Pero junto a estas nada despreciables ventajas, surgen toda una serie de al menos preocupantes interrogantes e incluso clarísimos inconvenientes, que son los que han hecho que Statewatch haya dado la voz de alarma. En la información recibida no se explicitan estos interrogantes e inconvenientes; pero aquí lo haremos, sin pretender ser exhaustivos.

Una primera cuestión -y quizás ésta sea la que de salida haya preocupado a Statewatch- es que se trata de una traba más a la libertad de movimientos del ciudadano; pero esto es lo de menos, en principio, al menos para quien no sea un delincuente. Tampoco debemos cruzar un semáforo en rojo (a pie o en coche), aunque no venga nadie en sentido transversal. Pero sí hay aspectos intrínsecos del propio funcionamiento del sistema que son preocupantes. Así que vamos al “modus operandi” en la práctica; aunque no conociendo cual sería el protocolo de solicitud al centro de la parada de un vehículo y la justificación a dar para tal solicitud, resulta difícil sacar conclusiones categóricas, y tendremos que conformarnos con elucubrar.

Lo primero con lo que nos topamos es con una posible arbitrariedad. Un agente del orden un tanto temperamental, incluso de a pie, podría solicitar la parada de un vehículo porque no ha obedecido una señal suya que tal vez no ha sido dada con suficiente claridad y/o anticipación para que el conductor la haya observado. Pero el caso es que le paran el coche en una situación tal vez muy comprometida, de cara al tráfico, y sin tener la menor idea de lo que ha ocurrido, confundiéndola con una avería. A lo mejor –o peor- para cuando finalmente llegue la autoridad, ya está llamando a la grúa o a su servicio de asistencia para que vengan a auxiliarle.

Segundo: este sistema abre el camino a la posibilidad de controlar por GPS la posición de todos y cada uno de los vehículos que circulen por un país; porque obligar a instalar un GPS posicional de funcionamiento constante (y no puntual como el del “e-call” en caso de accidente) resulta muy tentador para complementar la acción del “cortador de combustible”. De modo que entre la matrícula, el cortador y el GPS, nuestro automóvil estaría más controlado que la cuenta corriente que un defraudador de alto nivel pudiese tener en las Islas Vírgenes. De esto del GPS ya se ha hablado de cara a un control automático de la velocidad, para poder imponer multas instantáneamente. Y ello ya afecta directamente a las libertades y al derecho de intimidad del ciudadano; en cualquier caso, entra de lleno en la filosofía de control del “Gran Hermano”. Claro que el paso siguiente sería meternos a todos un “chip” como a los perros, o una pulsera como a los condenados por violencia de género, para controlar su orden de alejamiento.

Vamos ahora con los problemas del propio funcionamiento del sistema. Parar, quizás no bruscamente, pero decelerar a un coche sin motivo aparente en medio de un tráfico un poco denso, haya o no haya coche policial perseguidor, puede ser potencialmente peligroso para un buen número de coches que se encuentren en las proximidades del que se queda sin combustible. De acuerdo, es lo mismo que por una avería o quedarse sin combustible, pero no deja de ser una situación peligrosa más, en vez de una menos. Y tampoco hay que ignorar el peligro de un mal funcionamiento o interferencia de ondas, y el consiguiente corte accidental (como una avería más) en pleno adelantamiento, o en medio de una carretera totalmente desierta (como en una película de miedo). Y otro detalle: una vez parado el coche, ¿se podría reactivarlo en un cierto lapso de tiempo? Porque si se trata de una persecución, es de suponer que con unos pocos segundos, o como mucho algunos minutos, la policía ya estaría encima del delincuente. Son detalles que, sin duda alguna, ya estarían contemplados si el sistema llegase a implementarse, pero que tanto a Statewatch como a nosotros pueden e incluso deben preocuparnos antes de que la cosa vaya a mayores.

Avancemos un paso más, y veamos la posibilidad de burlar al sistema por parte de los potenciales delincuentes motorizados. La primera y más elemental ya se está utilizando de forma habitual: lo que se ha dado en llamar matrículas “dobladas”, que supongo es una forma de decir (mal decir) duplicadas, porque las placas son igual de planas que si fuesen las auténticas. Si unos delincuentes roban un coche de esos que en las informaciones de radio y TV se definen siempre como “de gran cilindrada”, lo primero que harían (y ya están haciendo) es ponerle unas placas falsas, y asunto concluido.

Pero yendo más lejos, si el delincuente prefiere utilizar para actividades fraudulentas un coche propio (y por el momento poco conocido para las fuerzas del orden), ¿no sería posible anular el cortador, y sin que se notase? Si ya se consigue incluso con los más sofisticados sistemas antirrobo, ¿por qué no con éste? Y otra opción sería instalar un sistema de alimentación en paralelo; y aunque corten el original, el otro entraría en funcionamiento. Y es de suponer que la policía no andaría por ahí deteniendo coches aleatoriamente para verificar si llevan duplicado el sistema de alimentación y gestión de la inyección; y menos aún con lo intrincado que resulta, bajo un capó moderno, encontrar algo que no sean tapas de plástico y, con suerte, la varilla del aceite.

Y llegamos a algo todavía más serio: los peligros informáticos. Sí, estoy hablando del peligro del ciber-ataque de unos desalmados “hackers”. ¿Y si de golpe paralizasen simultáneamente todo el parque nacional, en las circunstancias en que se encontrasen en ese instante? El caos, y el peligro de la situación en el momento de la parada, lo puede imaginar incluso el menos imaginativo. O el cachondeo de volver a dar el contacto, para volver a cortarlo al cabo de cinco minutos. ¿Y si se hace de modo parcial, paralizando el funcionamiento del 50% del tráfico, y dejando que funcione el otro 50%? Todavía más peligro y más problemas; y las broncas en calles y carreteras, mejor ni imaginárselas. Incluso podría haber acciones selectivas contra las flotas de vehículos de instituciones, organismos o empresas concretas, una vez espiados el suficiente número de placas de matrícula; no es para echarlo en saco roto. Es muy posible, e incluso probable, que los coches oficiales de casi cualquier tipo, estarían libres de llevar el dichoso cortador; lo cual no dejaría de ser un trato de favor más o menos discutible, pero sería lo de menos.

Y que no me digan que el sistema sería absolutamente seguro; tal cosa no existe. Si los “hackers” han conseguido acceder a los ordenadores de la NASA, de la CIA y hasta de la NSA (Nacional Security Agency), que es la que controla las comunicaciones de todo el mundo (que se lo pregunten a Ángela Merkel), y por lo tanto debería ser el organismo informáticamente más seguro del mundo, ¿por qué no a este sistema de corte de combustible?

Los peligros de la informática son muy reales. Se ha creado una tecnología a la vez tan potente y tan sofisticada, que sus creadores se han quedado como aprendices de brujo; su obra les supera. Prueba de ello, y muy preocupante, es que se recluten “hackers” reconvertidos (por convicción propia o por haber sido pillados “in fraganti”) para colaborar con las autoridades en la lucha contra sus antiguos cofrades. Es como en el “doping” del deporte: los delincuentes van siempre un paso por delante de los “buenos”, porque tienen todo el tiempo del mundo para pensar en cómo sortear lo que se supone es teóricamente insorteable. Ya lo hemos visto también en la F.1; siempre hay una trampa en la que no se había pensado.

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